Vía libre a los insultos al Rey y al ultraje a España: lo que Iglesias llevará al Consejo de Ministros
El acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un Gobierno de coalición plantea diez prioridades programáticas generales. Podemos podrá debatir sus propuestas en el Ejecutivo, si sale adelante
El acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un Gobierno de coalición plantea diez prioridades programáticas, muy vagas, que evitan profundizar en las medidas concretas. Se anuncia el propósito de «consolidar» el crecimiento y creación de empleo, «trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción», la protección de servicios públicos, la revalorización de pensiones, la lucha contra el cambio climático, el impulso digital, la «salvaguarda» de la diversidad, la memoria o la dignidad, el «derecho a una muerte digna» y a la eutanasia, la lucha contra la despoblación o la garantía de «seguridad, independencia y libertad de las mujeres», con la lucha contra la violencia machista o la igualdad de salarios, por ejemplo.
Ambos partidos evitan revelar aún las propuestas concretas que defienden en sus programas y que, en un momento u otro, saldrán a debate en el eventual Ejecutivo. Por parte de Podemos, éstas son algunas de las más polémicas:
Derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona. Podemos considera que estos delitos son «medievales». Quieren reformar el Código Penal para «acabar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión, tanto en la calle como en Internet». Esa «criminalización» implica, por ejemplo, liquidar el delito de enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales.
En octubre del año pasado, el PSOE ya apoyó en el Congreso una iniciativa de Podemos para suprimir o modificar el delito de enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la Corona, el ultraje a España y sus símbolos y las ofensas a los sentimientos religiosos. La proposición de ley -que inició su trámite parlamentario- dejaba la puerta abierta a despenalizar, por ejemplo, la quema de banderas nacionales, el ultraje a los símbolos nacionales, la apología del terrorismo en una canción o ‘tuit’ o los chistes sobre víctimas de ETA. Los socialistas consideraron ya entonces que existía una «hiperregulación legislativa» y que se necesitaba «precisar» el alcance de esos delitos, sacándolos del «derecho penal».
«Feminismos». Es un apartado al que el partido de Pablo Iglesias presta especial atención. De hecho, proponen llevar a la escuela una asignatura específica, y con esa misma denominación.
También pondrán un «énfasis especial» en la «educación afectivo-sexual» en todo el sistema educativo. Otra de sus medidas es «actualizar» la definición de «violencia machista», de forma que incluya también aquella ejercida, por ejemplo, «por desconocidos» o «por compañeros de trabajo».
Una de sus propuestas más reivindicadas, como el PSOE -y que sin embargo no figura en el preacuerdo- es la de reformar el Código Penal para incluir el consentimiento expreso de la mujer en las relaciones sexuales, de forma que ‘sólo sí es sí’.
Penalizar el «derroche» de luz. Podemos no sólo quiere fijar por ley las tarifas de la luz. También quiere establecer, por ley, la energía que se puede consumir, penalizando «el derroche». Todo ello estará controlado por una empresa pública eléctrica.
Más atención al colectivo LGTBI. El programa podemita recoge, por ejemplo, la implementación de planes específicos de empleo dirigidos a gays, lesbianas o transexuales, o la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, en el Sistema Nacional de Salud. Se promoverán medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.
Lenguas cooficiales. Quieren impulsar la producción de cine propia en las lenguas autonómicas, además de promover su enseñanza en el sistema educativo, no sólo en sus correspondientes regiones. «Necesitamos que exista una oferta educativa suficiente para permitir que en los centros educativos de toda España se puedan estudiar todos los idiomas oficiales y propios de cada territorio».
Acabar con la irresponsabilidad del Rey. Los de Iglesias consideran que es «el privilegio judicial más grave» y, por ello, proponen una reforma constitucional para eliminarlo y permitir que el monarca pueda ser investigado y juzgado.
Extender el voto. Podemos quiere ampliar el derecho a voto a los 16 años y también a toda la población inmigrante.
Más nacionalizaciones. Precisamente, sobre las personas llegadas a nuestro país, proponen ampliar las nacionalizaciones y reasentamientos, crear nuevos tipos de visados. La renovación de las autorizaciones de residencia no necesitará de un contrato laboral. No será necesario un examen de nacionalidad. Se mantendrá la cobertura sanitaria.
Despenalizar el cannabis. «Despenalizaremos el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo, regularemos la actividad de los clubs sociales de cannabis y estableceremos el rol del Estado en la garantía de seguridad de los y las consumidoras y en el control de la producción, distribución y consumo de cannabis».
Control de los medios. Podemos se atribuye la facultad de determinar qué son y qué no ‘fake news’ y los medios que se deben seguir, o no. Para ello, proponen ‘adoctrinar’ a los alumnos para formar «una audiencia crítica y activa». Lo denominan «programas de alfabetización mediática».
Memoria Histórica para el pueblo gitano. Quieren crear una Comisión Nacional de la Memoria Histórica y la Reconciliación con el Pueblo Romaní en España. Se impulsará una estrategia estatal «para la erradicación del antigitanismo».
1.200 euros para emigrados. Proponen incentivar el regreso asegurando a los emigrados una renta mínima de 600 euros, en caso de hogares unipersonales, que puede llegar a 1.200 «si no se tienen ingresos o patrimonio suficiente».
Contra la propiedad privada. Se obligará a los «grandes tenedores» a ceder obligatoriamente sus viviendas, y se establecerá un régimen de sanciones.
Más IVA a alimentos procesados. Comer pizzas, hamburguesas y todo tipo de procesados costará más. Podemos contempla subir el IVA a «alimentos ultraprocesados y ricos en azúcares», como medida para combatir «el ciclo de la comida basura».